COMUNICADO DE PRESOS/AS POLÍTICOS/AS DE LA REVUELTA Y SUBVERSIVOS/AS

A la comunidad y opinión pública:

El dia de hoy nos dirigimos a ustedes reconociéndonos como sujetos/as politicos/as en nuestro cotidiano, en nuestro quehacer y acciones llevadas a

cabo durante la rebelión del 18 de octubre del 2019, la cual, pese a la pandemia,

se ha extendido durante todo el mal gobierno de Sebastián Piñera y su máquina represiva-carcelaria conformada por las cúpulas de poder. La pésima gobernabilidad de S. Piñera ha llevado a que en su gestión se persigan efectos y no causas de las problemáticas sociales, a las que, con la misma inteligencia con la que ha creado su riqueza, pudo haber dado soluciones concretas.

Para tener una verdadera noción de que estamos hablando, es importante destacar sus números. Piñera recibió un Chile con una cesantia del 7,38% en marzo del 2018, en abril del presente 2021, la cifra subió a un 11,3% según UdeCh. A nivel politico ha cambiado su gabinete en 14 oportunidades, paseándose más de 80 ministros/as, más que cualquier otro gobierno.

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En cuanto al mal manejo de la pandemia por parte de este gobierno se observa que: sólo en el año 2020 fallecieron 16824 personas y 5392 por sospecha COVID, para el año 2021 llevamos 13800 muertes, 3428 sospechosos por COVID. y las cifras siguen en aumento. No hay un solo civil responsable por tanta muerte, es más, con las querellas interpuestas al MINSAL no se ha transparentado esa situación judicial.

Sin embargo, a mujeres y hombres que buscaron un mejor futuro protestando en su legitimo derecho, este gobierno se ha querellado en su contra, el mismo goblema que posee las cifras mencionadas. Nosotros/as no hemos asesinado a nadie, el gobierno si, nosotros/as estamos presos/as, ellos/as no.

Es por ello que, como presos/as politicos/as producto de este descontento social, en donde nos hemos visto privados/as de libertad por no acogemos a este modelo neoliberal, ni a la vida miserable que ha perpetuado por más de 30 años. Donde bajo el contexto de manifestaciones se nos ha perseguido e inculpado por defendemos de los aparatos represores y policiales del estado.

Hoy, vemos la necesidad de esclarecer y tomar una postura real, tajante y transversal frente a información que se divulga sobre nuestra situación carcelaria. Además de hacer frente a las diversas opiniones, posturas y acciones levantadas por distintas organizaciones, partidos o figuras públicas

Pretendemos expresarnos con respecto a lo que se está discutiendo en las calles como dentro de las comisiones del senado, nos referimos a la Ley de Indulto General”, que en definitiva es una amnistia según el art. 93 del Código Penal, pero la llamamos Indulto para no confundir la amnistia aplicada a las agentes de la dictadura. A esta Ley la vemos como una herramienta fundamental para la salida de todos y todas quienes nos hemos visto encarcelados/as por salir a las calles a exigir cambios necesarios en beneficio de la sociedad.

presos

Emplazamos y exigimos a quienes voluntariamente presentaron este proyecto de Ley, sumado a la opinión pública, a que tengan en cuenta las siguientes aclaraciones y modificaciones a este proyecto. Pues, no estamos peleando por el ‘bien mayor’, es decir, que salgan la mayor cantidad de presos/as posibles, si no, por la salida de TODOS y TODAS los y las presos/as politicos/as enjaulados/as durante el segundo mal gobierno de Sebastián Piñera.

Para ello exigimos la modificación y derogación de los siguientes articulos presentes en el proyecto de Ley:

1) Modificación del Articulo Nº2, el cual menciona quienes hayan sido imputados/as o condenados/as “por hechos que hubieran acontecido entre el 07 de octubre de 2019, hasta el día de la presentación del proyecto de Ley que da origen a la presente norma”..

Esta modificación se enmarca dada la existencia de otros y otros presos /as politicos/as encarcelados/as previo a la rebelión del 18 de octubre del 2019. Pues el mismo presidente declara estar “…en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún limite” (Piñera, 21 de octubre de 2019). situando en esa caracterización a todo el pueblo, y ciudadano/a chileno/a que salió a reivindicar sus demandas, y manifestarse mediante las jornadas de evasión. tanto contra el alza de $30 y contra el pésimo gobierno de turno, con anterioridad el estallido social propiamente tal.

2) Derogación del Artículo N°5. Dicho articulo estipula que “corresponderá al tribunal competente que conoció de la respectiva causa, pronunciarse sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Ley, de oficio a petición de parte, previa audiencia en donde se conocerá la prueba que exige el Art Nº3,”

Creemos que no debiese haber una intervención por parte de los tribunales al

momento de seleccionar quienes pueden o no optar a este indulto, pues al existir

una persecución politica desde los distintos tribunales, cortes y fiscalias, todo/a preso/a politico/a encarcelado/a por manifestarse durante el actual gobierno,

debiese ser beneficiado por este indulto, obviamente estableciendo su delito dentro del proyecto de Ley, sin importar la gravedad ni carácter del hecho por el cual sea condenado/a o imputado/a.

Pues sabemos (y es sabido) que la Ley es interpretativa, y persigue a quienes tuvimos el impetu de revelamos contra la miseria y la lirania, más no asi a quienes amenazaron y optaron por la via armada contra la ciudadanía y autoridades como en el caso “AK-47” (18 de febrero de 2020), caso “John Cobin” (11 de noviembre de 2019) o el caso incidentes en paseo ahumada: Ultraderechista dispara contra familiares de P.P.” (17 de febrero de 2021),

3) Modificación del Artículo N°7, el cual menciona quienes estén condenados/as o imputados/as por “inciso final del artículo 14 D en el Decreto 400, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.798 Sobre Control de Armas y las letras d) y el del artículo 6 de la Ley N° 12.927 de Seguridad Interior del Estado”.

Esto en vista de incluir a compañeros y compañeras que han sido o están ad portas de ser condenados/as por el uso de porte de armas a fogueo o reales y en su respectivo caso el porte de su munición, con la finalidad de contrarrestar la desmedida represión por parte de PDI, Carabineros y Fuerzas Armadas, ocurridas en las manifestaciones, donde los/as mismos/as entes represivos/as-asesinos/as han sido participes de hechos de violencia sistemática, mediante apremios ilegitimos, traumas oculares y/o asesinatos directamente a civiles.

Todos actos que a la fecha no han recibido mayores sanciones judiciales frente a su actuar o complicidad en hechos de violencia contra el pueblo.

4) Inclusión del Articulo Nº2, inciso 5 de la Ley 18.314 del año 1984, que hace referencia a las “conductas terroristas y su penalidad”, aludiendo al delito de Asociación llicita.

Argumentamos su inclusión, en primera instancia, debido a la existencia de compañeros/as imputados/as y condenados/as por este tipo de delllo, como también porque dicha Ley señala en su Articulo Nº1 la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedecer a un plan premeditado de atentar contra una categoria o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad a imponerle exigencias”. En donde claramente la organización táctica y actuar violento por parte de Carabineros, PDI y FF.AA contra su mismo pueblo, debiese considerarse como una asociación e incluso como coalición de carácter terrorista, principalmente Carabineros. Esto respaldado por la misma Federación Internacional de Derechos Humanos la cual ha señalado que “Carabineros de Chile en 2021 es una organización terrorista” (08 de febrero 2021), ente que no cuenta con formalizaciones de pena efectiva, ni prisiones preventivas extensas en cárceles comunes como la mayoría de nosotros/as.

Lo cual se evidencia y avalan con las desmedidas y preocupantes cifras en uso de armamento por parte de Carabineros en contra de civiles. Con 157.000 tiros de escopeta en tan sólo las 2 primeras semanas de la revuella, provocando 214 daños oculares, incluyendo casos emblemáticos como el de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, de estos hechos no hay responsables y ni un solo preso por esos crimenes. Hay 8510 denuncias por violaciones a DDHH, sólo 800 terminaron en querellas, tampoco hay uniformados/as presos/as, incluyendo al policia que firó a un joven al río Mapocho.

Lo cual justifica la organización del pueblo en contra de quienes juran “protegenos”, y el uso de los recursos necesarios para la autodefensa en contra de este aparataje represivo y mercenario,

5) Inclusion del Artículo 7 y 391 del código penal, los cuales hacen referencia al carácter del delito y al tipo de delito respectivamente, enfatizando en el caso de homicidio frustrado.

Su inclusión se exige debido a la condena y formalizacion de compañeros/as por este tipo de delito, los cuales resultan en diversas ocasiones en tergiversación del delito y exagerando el carácter de lesiones por parte de los quereliantes o afectados, en este caso Carabineros, PDI y FF.AA.

No así el gobierno de turno, el cual junto a su aparato policial se le atribuyen 31 muertes en jamadas de protestas y 2 en comisarias, teniendo como resultado a ningún responsable encarcelado.

Por ello hoy se hace necesario evidenciar y exigir el actuar por parte de quienes. legislan al respecto, para de esta forma abarcar realmente el espectro completo de Presos/as Politicos/as que nos encontramos secuestrados/as por el mal gobierno de Piñera y el estado de Chile.

¡¡Presos Políticos de la revuelta y subversivos a la calle!!

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