Parches despegados en la herida de la Salud

Por Joseph K.

Los trabajadores de la salud tuvieron un año durísimo. Murieron alrededor de 100 funcionarios por covid-19 y hay más de veintiséis mil casos de contagios adquiridos ejerciendo su labor en todo Chile. Mientras no haya una vacuna efectiva ni reconocimiento real a su abnegado servicio, que ha puesto en riesgo sus vidas a condiciones deplorables, estás cifras seguirán en aumento.

Los sindicatos de trabajadores de la salud, agrupados en el GS7 llamaron a paro el 12 y 13 de noviembre con un pliego de demandas económico-estructurales. Luego de que sus demandas no fueran escuchadas por el gobierno, hacen otro llamado a paro nacional para los días 18, 19 y 20 de noviembre. Sus servicios sanitarios siguieron esos días con turnos éticos, no hay por qué temer, van diez meses en los cuales enfrentaron y seguirán en pie contra la pandemia, su posible rebrote, y contra las medidas neoliberales del gobierno en materia de salud.

El nuevo subsecretario de redes asistenciales comentó hace semanas atrás que la enfermeras no están para pensar, solo deben estar bonitas. Con este comentario machista, el sistema de salud con un 70% de trabajadoras es menospreciado en su conjunto.

El ex Ministro Mañalich, con su prepotencia, descalificaciones e ironía fuera de contexto, fue hace meses destituido por  ocultar las estadísticas de los muertos reales de covid-19, reducción de listas de espera del AUGE, que ascienden a 300 mil personas, tráfico de influencias y por proponer un copago para los indigentes clase A de FONASA.

Antes ya había sido expulsado del colegio médico por conflicto de intereses en su ex cargo ministerial por favorecer a las ISAPRES.

El actual ministro Paris, por su parte, ha dilatado durante seis meses las promesas explicitadas a las trabajadoras de la salud. Es obvio que no se pudo realizar la evaluación de trato al usuario y es más obvio aún, que las diferentes trabajadoras de la salud no se fueron para la casa y se arriesgaron para apoyar a la población aquejada de esta enfermedad mundial. Prometieron también un bono especial, bono covid-19, el cual debe ser patrocinado por Piñera y aprobado por el Senado. No hay cifra y nadie contesta el teléfono por esta situación, se propone la asignación tramo uno para todos los funcionarios Así contradicen la ley insana, la cual señala que se debe ejecutar el tramo de trato usuario del año inmediatamente anterior. Este es el parche despegado.

El revuelo generalizado que prendió la alarma, una declarada de guerra contra el bienestar de los chilenos, es el proyecto de ley de presupuesto del Ministerio de Hacienda para el año 2021. En comparación con el presupuesto del 2020, año calamitoso para la salud física y psicológica, el presupuesto que se propone, y que debe ser aprobado por el Congreso en diciembre, asigna un incremento neto del 6,1% en salud, es decir un aumento de 162 pesos per cápita.

Lo aberrante no es solo que este aumento es completamente irracional en función de la acumulación de las listas de espera y el desmantelamiento de la salud pública mediante endeudamiento de los hospitales, sino que la pandemia sigue, la población seguirá enfermándose de covid-19 y otros padecimientos, el gobierno dirá a los funcionarios de la salud si te he visto no me acuerdo. Otras cifras del proyecto de presupuesto 2021 son: la asignación para riego de latifundios subió un 61,3%, los programas de empleo en apoyo camuflado a los empleadores subió un 1.202%. Habrá trabajo y comida pero no salud. Este parche se despega aún más. Es de perogrullo que la educación, la vivienda y el empleo digno tienen un impacto en la salud de las personas, pero el neoliberalismo es el neoliberalismo hasta en el organismo humano.

A fin de año despedirán a los trabajadores a contrata que apoyaron la emergencia sanitaria. Los de planta saturados recordaran con cariño su compañerismo y entrega y exigirán también la regularización de contratos con letra chica. Muchas TENS seguirán pidiendo que se les reconozca sus estudios y su labor en el código sanitario, pero la economía patriarcal y colonialista no perdona.

Los sueldazos bien ganados de los médicos tienen su cabida en el sistema neoliberal al hacerlos preferir la salud privada gracias a los beneficios del consumo, el estatus y el estilo de vida arribista. Muchos especialistas prefieren trabajar en la salud privada por su solvencia, orden y equipamiento de punta. Las listas de espera en los hospitales públicos y su derivación laberíntica en esta red del servicio de salud empeoran la herida.

El gasto en salud de los países primermundistas es cinco veces más que el chileno.

Nuestro sistema de salud fue legalizado en 1980. La ingeniería social la planificó eficientemente en base a los buenos resultados en esperanza de vida, pero sacrificando la calidad de vida. Se le impone un modelo administrativo burocrático a la atención primaria y a los hospitales públicos para potenciar el sistema privado y sus ganancias en la cadena de valor de los holdings. La población adscrita a FONASA tiene determinantes sociales que inciden en su predisposición a ciertas enfermedades. Hay una evidente diferencia de calidad y oportunidad, tanto de tiempo, recursos y dinero, con cortapisas de racionamiento del bienestar social, que es mirada en menos. El gasto en salud de las familias asciende al 40% y el otro 60% lo asigna el Estado con dineros de sus tributaciones.  Para muchas familias los gastos en salud son un gasto catastrófico insalvable. El 75% de la población está en FONASA y un 25% en ISAPRE, recursos que van directamente a los holdings industriales de medicamentos, sus concesiones de la construcción y su administración de hospitales y clínicas.

El 80% de la población se atiende con el 50% de los recursos disponibles, la distribución de médicos es entre salud pública y privada es mitad y mitad. En promedio, FONASA cobra 11 mil pesos en las atenciones, las ISAPRES 41 mil y CAPREDENA 23 mil.

La salud es un terreno del enriquecimiento y desigualdad social en su acceso por los intereses creados y la colusión invisible. El 2,4% PIB asignado a salud cubre al 16% de la población con ingresos altos y el 4,6% es para el 70% de la población restante, de un total para salud de 7,0% del PIB. La herida sangra. Toda la red de salud se financia con los impuestos fiscales, los tributos municipales, 7% obligatorio por liquidación de sueldo, copago por bonos y el gasto directo en medicamentos.

El derecho a la salud es desigual, así como la educación, la vivienda y la jubilación. Presenta una inequidad que depende del bolsillo del paciente para su acceso. Centrada en el lucro de los proveedores, con enfermedades de ricos que gastan más y de pobres con coberturas del endeudamiento. La píldora de la apropiación de una parte de la sociedad de los bienes comunes repercute en nuestro medioambiente, desgastando nuestro cuerpo patológicamente, como es patente en las zonas de sacrificio. Los ricos remilgan de subvencionar de manera cruzada a los trabajadores y pobladores.

La estrategia del capital es la disminución de la importancia de las enfermedades para seguir potenciando las industrias, estrategia centrada en el control social desmedido, como por el irracional toque de queda de cada día.

Frente a la salud neoliberal se levantan los sindicatos del GS7. Hay una unidad de lucha frente a la tragedia sanitaria para generar esa ventana de esperanza tan necesaria, luchan por una salud colectiva. La labor de estos trabajadores es mil veces más relevante que el reconocimiento económico a los uniformados y su organización autónoma que permite la corrupción de sus altos mandos sin súper vigilancia.

El sistema de salud en Chile está constituido por una industria de seguros previsionales financieros, una industria prestadora de servicios asistenciales y una industria de productos sanitarios.

El GS7 tiene toda la razón al enfrentarse al gobierno que prioriza la recuperación económica neoliberal, que busca dinamizar la economía y el impulso social, por sobre la protección a las trabajadores y pobladores. La red de salud pública tiene políticas segregadoras gracias a la precariedad de recursos y la alta presión administrativa política hacia las trabajadoras de la salud. Los indicadores apuntan a que el sistema de salud es eficiente en relación a Latinoamérica y se olvida que esta eficiencia, y eficacia, es por el compromiso con la población de las trabajadoras de la salud, que exigen también un descanso complementario el cual se les niega flagrantemente.

La salud con un enfoque feminista y de derecho universal se ve muy lejos. Hay muchos ejemplos de enfermedades infantiles imposibles de pagar por las familias. Mediante demandas sin fin, las ISAPRES han cubierto olímpicamente algunas medicaciones.

La constitución del 80 promueve la libertad de elección, con lo cual ampara el hacer negocios con la salud en base al dinero de las personas. Se lucra con los derechos sociales, el Estado subsidiario y la casta política tiene intereses transversales en el negocio de la salud.

La lógica de mercado apoyada en el gasto fiscal en salud termina siendo usado en compras abusivas y subsidios a la demanda de clínicas privadas. Un afiliado a FONASA con sueldo bajo paga lo mismo que un gerente con sueldo alto en las prestaciones privadas. Hay marginación por capacidad de pago el cual empata ingresos de ingresos y enfermedades muy dispares. La constitución debería tener escrito en sus pliegos que protege la cobertura universal y contempla mecanismos para que el derecho inalienable a la salud sea 100% exigible.

Su desprotección, aplicando sistemas e instrumentos de gestión financiera programadas en el control de la gestión, está en la base de los conceptos de eficacia y eficiencia, en donde el sistema privado recibe el 57% del gasto público en salud. El maquillar las cifras en el sector público desfinanciado se hace impidiendo la obtención de información actualizada. El 20% de la población ya enriquecida recibe, directa e indirectamente, el 70% del gasto total en salud. Hay prioridad en este negocio: el gasto en medicamentos es del 38%, consultas médicas 20%, exámenes 12%, servicios dentales 9%, artículos ópticos 8%, hospitalización 5%, cirugías 3%…

Algo pasa en el sistema, algo no suma de las partes al todo, la red de la salud no pega bien los parches. La interacción de sus nodos y vínculos de intercambio no están cooperando como se proyectó. La confianza en objetivos compartidos explícitos adolece de una enfermedad llamada caos sin sinergia. Un diagnóstico simple levantaría la información que se necesita para cuestionar los pilares estructurales de su naturalización, sistema integrado en red donde hay personas sobrantes en el desgaste de su mentira. De todas formas, hay pequeños pasos en la medicina integrativa para que complemente a la prepotente medicina biomédica.

La atención primaria, la APS, atienden al grueso de la población. Constituye la función central y el núcleo principal del desarrollo social y económico en la salud de la población. Está inserta en las comunidades e influencia al territorio con sus centros de salud. Consultorios, servicios de urgencia, postas y estaciones médicas pertenecen a esta red de asistencia de primer orden. Se debe amplificar su capacidad de prevención donde el componente humano, que es el motor real de su servicio. Esta amplificación tiene muy en cuenta la promoción de la salud social, la educación sanitaria, la rehabilitación y el trabajo social del territorio físico y psicológico. Pero frente a la pandemia que vivimos, sus trabajadores son los peor pagados de toda la red de la salud. El castigo y el ahogo de su labor en las poblaciones los enferma también.

La herida se abre con las negligencias del “toma una aspirina y para la casa y a rezar”.

La APS es administrada, y pobremente financiada por los municipios y subvencionadas con el aporte del gobierno central, con un presupuesto casi congelado. Esta dependencia de los alcaldes, las corporaciones municipales y departamentos de desarrollo comunitario, también bajo leyes creadas en la dictadura, son el pegamento en mal estado de los parches de la salud. La inequidad en la obtención de tributos también es desigual entre municipalidades de altos y bajos ingresos, asignando estos recursos en las poblaciones muy desigualmente.

Sin ir más lejos, en Pudahuel hay un convenio formal de más de 200 millones para pasantías y capacitaciones de administrativos y doctores de los APS, el cual está completamente descontextualizado del momento actual de crisis sanitaria y las necesidades de sus trabajadoras. Me pregunto por qué algo falla y la respuesta es que las municipalidades administran sin injerencia de los trabajadores de la salud, sus pacientes y comunidades donde se insertan.

Para involucrar a los trabajadores de la salud en la generación de políticas públicas deben existir de forma real modelos de gestión participativa que involucren a la comunidad en la atención primaria y actividades docentes de sesiones clínicas, formación continua de las trabajadoras y divulgación ampliada de la gestión de problemáticas. Fondos mancomunados.

La herida se cura con una orientación participativa y comunitaria como ejercicio de empoderamiento de nuestra salud, del derecho a la cobertura de nuestra salud, y no esperando que nos enfermemos para saber que la salud en Chile tiene un parche despegado en su desigualdad crónica.

Cambiemos el parche mientras y construyamos una nueva salud. Los países cambian, las enfermedades evolucionan, los recursos van y vienen y las instituciones se transforman no solo con dignidad, también con la fuerza de la unión de las personas.

http://www.dipres.gob.cl/597/articles-210573_doc_pdf.pdf

https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20180316/asocfile/20180316105839/pder478_jhenriquez_sbruzzo_cvelasco.pdf

https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/constitucion_politica.pdf

https://www.who.int/whr/2010/10_summary_es.pdf?ua=1

https://queplan.cl/QP-University/Isapre/Fonasa-o-Isapre

http://www.ochisap.cl/index.php/proteccion-social-y-aseguramiento-de-salud/seguro-social-obligatorio-de-salud?showall=1

https://www.ssmn.cl/atencion_primaria.ajax.php

https://ochisap.cl/index.php/182-rol-de-los-alcaldes-en-la-administracion-municipal-de-salud