“pacto social” y presxs políticxs

Editor LTB, 07/03/2021

Durante mucho tiempo se ha dicho que la participación en el proceso de nueva constitución debe contar con ciertas garantías de orden y de paz y nada de esto será posible cuando en Chile existan presxs políticxs. Quizás ha llegado el momento de jalonar la libertad” 

El llamado proceso constituyente que comenzará en abril ha sido considerado por muchos y muchas como un nuevo pacto social. En dicha forma de expresarse se anida la esperanza de una nueva etapa, casi como un cambio estructural en la forma en que viviremos como país. Sin embargo y al igual que en las experiencias históricas inspiradas en esta teoría burguesa sobre el origen social, siempre hay quienes se quedan debajo de la mesa, el tercer estado, Los Nadie, Los Plebeyos, Los Proletarios, La Chusma, Los Patipelados o como quiera llamárseles. En el caso de nuestro país,

los presos políticos no sólo están bajo la mesa sino que el desconocimiento generalizado los ha dejado bajo una alfombra teñida de indiferencia y falta de conciencia, incluso entre muchos que debajo de la mesa dicen estar en contra de quienes comen por encima de ella.

¡Hoy día en Chile existen presos políticos!

Esta es una afirmación poco asimilada por muchas personas. La propaganda estatal y el monopolio comunicacional arremeten en contra de esta idea indicando que los presos políticos son cosa del pasado, que sólo habían presos políticos en dictadura, que hoy se trata de delincuentes, que no se persiguen ideas sino delitos. La gran masa se hace parte de este discurso mediante la indiferencia y la apatía.

Durante este último tiempo hemos visto como la llamada justicia se ha ensañado con estos compañeros, muchos de ellos sentenciados, en donde el Estado hace juez y parte mediante la supuesta separación de poderes, pero que en los hechos se ha traducido en dobles juicios políticos que buscan el escarmiento hacia los sectores más lúcidos y movilizados.

Emblemático en este sentido es el caso de Alejandro Carvajal de 19 años de edad, quien el pasado viernes 19 de febrero, en el segundo juicio en su contra, fue condenado a 5 años y 1 día de cárcel. En el anterior juicio había sido condenado a 3 años y 1 día de libertad vigilada. Ha sido acusado de participar del incendio de la Universidad Pedro de Valdivia en el contexto de la revuelta popular a pesar de que incluso circulan pruebas (videos) en internet donde se ven involucrados policías intramarchas (infiltrados) en la quema de la sede de estudios. Así se sigue con la tónica de los dobles juicios en contra de los presos políticos. Lo mismo se pretende hacer con Mauricio Cheuque quien ha sido absuelto en primera instancia y ahora se solicita un nuevo juicio, así ocurre también con los acusados del incendio del Metro Pedreros (Daniel Morales y su sobrino menor de edad), a quienes aparentemente se les pretende juzgar hasta dejarlos tras las rejas. El caso conocido como quema del Hotel Principado está en curso, el ministerio público, Metro y el Ministerio del Interior piden altas penas que superan los 20 años para tres jóvenes (Jesús Zenteno, Matías Rojas y Benjamín Espinoza) teniendo como pruebas sólo el relato de más de treinta policías como única fuente de pruebas.

Sin lugar a dudas éstos y otros juicios tienen un profundo carácter político en donde los medios de comunicación oficiales no se hacen a un lado y también toman partido por la inculpación de los compañeros. Ejemplo de esto es el video que comenzó a circular en canal 13 el mismo día en que se quemó la sede de la universidad Pedro de Valdivia, una grabación que supuestamente pertenecía a uno de los detenidos, sin embargo, más tarde se sabría que ese video había sido captado por un policía intramarcha: ¿cómo habría conseguido el canal ese video casi de forma inmediata? Evidentemente aquí existe una coordinación entre las policías y este medio de comunicación conocido por sus posiciones de derecha.      

En estas circunstancias vale la pena preguntarse si es posible un nuevo pacto social y hasta qué punto es posible continuar con él cuando los poderes controlados por el Estado y la elite económica se cuadran para torturar tras las rejas a muchos/as que a través de la manifestación y la protesta hicieron posible la visibilización de la crisis de un modelo que ya no es viable para la gran mayoría. Son las fuerzas restauradoras que se ensañan en contra de los jóvenes populares.

Desde las organizaciones de apoyo a lxs presxs políticxs se ha levantado la necesidad de la amnistía general sin condiciones y se han realizado distintas manifestaciones y barrotazos en apoyo a los prisioneros. En el parlamento desde diciembre pasado reposa un proyecto de ley que busca el indulto para los presos políticos de la revuelta. En primera instancia fue aprobado en la comisión de Derechos Humanos por 3 votos contra 2, sin embargo deberá ser visado por las comisiones de Constitución y Seguridad antes de continuar su trámite en la cámara alta de Valparaíso. Donde aún no aparece en tabla y seguramente no lo discutirán antes del 15 de abril. Luego, votaciones, más discusiones, posibilidad de veto presidencial, tribunal constitucional, etc. Claro está que el camino constitucional no es una alternativa expedita para la amnistía.

Pensemos por un momento qué pasaría si los sectores que dicen representar las voces del 18 de octubre y que están dentro del proceso por una nueva constitución pusieran como condición la libertad de los presos políticos para continuar en el proceso.

Durante mucho tiempo se ha dicho que la participación en el proceso de nueva constitución debe contar con ciertas garantías de orden y de paz y nada de esto será posible cuando en Chile existan presxs políticxs. Quizás ha llegado el momento de jalonar la libertad.