¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia?

Desde el inicio de las manifestaciones sociales de octubre, ha sido característico encontrar en los discursos del sector político el término violencia. En general, se utiliza para hacer referencia a actos destructivos contra el inmobiliario y las policías, razón por la cual debiese ser un aspecto que, dice el gobierno, hay que combatir con dureza.
Desde el estallido social hemos sido testigos de la incapacidad del gobierno por atender aquello que se manifiesta mediante distintos actos de violencia del pueblo, al reducirla rápidamente a un acto infantil (sin pensamiento, sin razonamiento), como algo injustificado y que debe ser duramente sancionado. Sin embargo, no hay que ser un historiador para saber que en toda transformación social verdadera ha estado presente la violencia, por lo que no se le puede negar a la hora de llevar a cabo los cambios sociales. En ese sentido, es que la violencia observada en las calles desde el “estallido social” de octubre, como saltar torniquetes, evadir el transporte púbico, saquear supermercados y grandes cadenas de farmacias, quemar casetas de peajes o la violencia directa (y siempre desigual) entre manifestantes y carabineros, nos hablan de una manera particular de ejercer un poder e instalar una demanda que por otro camino no vería resultado.
Este punto es particularmente conflictivo y debatido en Chile. Es común escuchar “ok, estoy de acuerdo con las demandas sociales, pero por qué tienen que saquear ese supermercado si yo compro ahí, por qué atacan a carabineros si ellos quieren resguardar el orden público y el inmobiliario… no estoy de acuerdo con la forma”. Primeramente, plantear las cosas de este modo, implica desatender lo que se pone en juego como demandas sociales al enmarcarse únicamente en los parámetros del Derecho y el orden social vigente. Dicho de otro modo, es aceptar la necesidad de cambios, de reformas importantes a la institucionalidad (salud, pensiones, educación, recursos naturales, sistema parlamentario, judicial, etc.) pero en los márgenes que esa misma institucionalidad y el Derecho actual posibilitan. En buenas cuentas, es observar la violencia en las calles como lo haría Piñera y la clase política dominante, lo cual crea irremediablemente una paradoja: criticar profundamente un sistema y querer cambiarlo, pero al mismo tiempo ocupar los medios que ese sistema nos proporciona. ¿Acaso es posible que un sistema social contemple su propia destrucción o radical cambio?
El Estado actual, de corte profundamente capitalista y neoliberal, restringe al mínimo la capacidad de acción, el poder de grupos, es decir, restringe al mínimo la soberanía popular, lo cual hace una necesidad el uso de la violencia para sus propios fines, instalando algo distinto a lo ya existente para cambiar el rumbo de las cosas.